¿Por qué las universidades públicas de nuevo parecen encerradas en sus cercos perimétricos de autonomía y de ladrillo luchando consigo mismas y tratando de llamar la atención? No se trata de tomas de locales, marchas o disturbios callejeros, ni de una deriva institucional por las tempestades internas, sino más bien de una universidad en crisis que reacciona frente al abandono del programa de homologación que se inició en abril del 2006 y que ha debido concluir a fines del 2008. De nuevo las universidades públicas, teóricamente desde el 24 de septiembre, se encuentran en huelga general indefinida. Para la Fendup se trata de luchar contra políticas neoliberales más interesadas en el mercado, en la educación como servicio que se compra y se vende, que en la educación como bien público, pero considero que se trata de algo más.
Todo empezó cuando finalmente se decidió cumplir con el artículo 53 de la ley universitaria de 1983, que homologa las remuneraciones de los docentes universitarios con la remuneración básica de los magistrados del Poder Judicial. El interés por la educación superior pública parecía haber renacido, tanto como las expectativas de los universitarios. La homologación se aprobó con el DU 033 de diciembre de 2005 y el primer tramo se puso en marcha en abril del 2006. No solamente se trataba de remuneraciones, mucho antes, el 2001, ya se había iniciado la discusión de una nueva ley universitaria; se hablaba incluso, desde la gestión del ministro Nicolás Lynch, de una Segunda Reforma universitaria, que vaya más allá de la agotada Reforma de Córdoba.
Más tarde, con la llegada del gobierno aprista, el Minedu dejó de lado estos ímpetus reformistas. La iniciativa pasó a la Comisión de Educación del Congreso, la que está en manos del Partido Nacionalista desde el 2006, sin sospecha de neoliberalismo, donde, sin embargo, inútilmente se han discutido varios proyectos de nueva ley universitaria, sin resultado alguno. Se podría pensar ingenuamente que la homologación se ha detenido porque depende de recursos escasos en tiempos de crisis, lo que explicaría el incumplimiento de un compromiso de Estado y aún de la ley. Pero, ¿cómo explicar el desinterés del Congreso, de los congresistas nacionalistas, en trabajar seriamente en una nueva ley universitaria? Entonces, no se trata solamente de recursos escasos, ni de congresistas desinteresados en la educación, sino más bien de algo más complejo y propio de actualidad.
¿Cómo podría avanzar la homologación y cómo se podría promulgar una moderna ley universitaria que reflote a la universidad pública cuando los propietarios, accionistas o defensores del modelo de universidad negocio están en todas partes, en los partidos políticos, en Palacio de Gobierno, en el Minedu y en el Congreso? ¿Qué podríamos esperar de un ministro de Educación, impecable rector de una universidad negocio? Casi todos recordamos que la Fendup y los congresistas del Apra se pusieron de acuerdo, a fines del 2005, por conveniencias mutuas, para aprobar la no reelección de autoridades universitarias, lo que generó la protesta inmediata de la universidad privada y la enmienda de este dispositivo legal en el TC.
¿Por qué no se aprueba ahora la elección de autoridades en las públicas a través de la votación universal, ponderada, directa, secreta y obligatoria? ¿Por qué no se pone en marcha la homologación acompañada de un verdadero sistema de regulación que promueva la calidad en la educación superior peruana? No se trata de dinero escaso, ni de esperar que los legisladores se iluminen, ni de una nueva ley universitaria, sino de dar los primeros pasos para asegurar el futuro de la educación superior pública en nuestro país.
Todo empezó cuando finalmente se decidió cumplir con el artículo 53 de la ley universitaria de 1983, que homologa las remuneraciones de los docentes universitarios con la remuneración básica de los magistrados del Poder Judicial. El interés por la educación superior pública parecía haber renacido, tanto como las expectativas de los universitarios. La homologación se aprobó con el DU 033 de diciembre de 2005 y el primer tramo se puso en marcha en abril del 2006. No solamente se trataba de remuneraciones, mucho antes, el 2001, ya se había iniciado la discusión de una nueva ley universitaria; se hablaba incluso, desde la gestión del ministro Nicolás Lynch, de una Segunda Reforma universitaria, que vaya más allá de la agotada Reforma de Córdoba.
Más tarde, con la llegada del gobierno aprista, el Minedu dejó de lado estos ímpetus reformistas. La iniciativa pasó a la Comisión de Educación del Congreso, la que está en manos del Partido Nacionalista desde el 2006, sin sospecha de neoliberalismo, donde, sin embargo, inútilmente se han discutido varios proyectos de nueva ley universitaria, sin resultado alguno. Se podría pensar ingenuamente que la homologación se ha detenido porque depende de recursos escasos en tiempos de crisis, lo que explicaría el incumplimiento de un compromiso de Estado y aún de la ley. Pero, ¿cómo explicar el desinterés del Congreso, de los congresistas nacionalistas, en trabajar seriamente en una nueva ley universitaria? Entonces, no se trata solamente de recursos escasos, ni de congresistas desinteresados en la educación, sino más bien de algo más complejo y propio de actualidad.
¿Cómo podría avanzar la homologación y cómo se podría promulgar una moderna ley universitaria que reflote a la universidad pública cuando los propietarios, accionistas o defensores del modelo de universidad negocio están en todas partes, en los partidos políticos, en Palacio de Gobierno, en el Minedu y en el Congreso? ¿Qué podríamos esperar de un ministro de Educación, impecable rector de una universidad negocio? Casi todos recordamos que la Fendup y los congresistas del Apra se pusieron de acuerdo, a fines del 2005, por conveniencias mutuas, para aprobar la no reelección de autoridades universitarias, lo que generó la protesta inmediata de la universidad privada y la enmienda de este dispositivo legal en el TC.
¿Por qué no se aprueba ahora la elección de autoridades en las públicas a través de la votación universal, ponderada, directa, secreta y obligatoria? ¿Por qué no se pone en marcha la homologación acompañada de un verdadero sistema de regulación que promueva la calidad en la educación superior peruana? No se trata de dinero escaso, ni de esperar que los legisladores se iluminen, ni de una nueva ley universitaria, sino de dar los primeros pasos para asegurar el futuro de la educación superior pública en nuestro país.
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